La Ley 1/2000, del 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en sus artículos 812 a 818 prevé la posibilidad de reclamar, sin necesidad de abogado/a y de procurador/a, a través del Procedimiento Monitorio, deudas monetarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles de cualquier cuantía, siempre que se reúnan los requerimientos legalmente previstos y se disponga de los documentos acreditativos que exige este tipo de procedimiento.

Su objeto se limita a reclamaciones de carácter económico, como el pago de facturas o recibos impagados, no pudiendo extenderse a otro tipo de deberes. Tampoco sirve para aquellos supuestos en los que desde el inicio sea necesaria una declaración del Juez/a o que consistan en asuntos de familia.

La ley 1/2000, del 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en sus artículos 812 a 818 prevé la posibilidad de reclamar, sin necesidad de abogado/a y de procurador/a, a través del Procedimiento Monitorio, deudas monetarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles de cualquier cuantía, siempre que se reúnan los requerimientos legalmente previstos y se disponga de los documentos acreditativos que exige este tipo de procedimiento.
Su objeto se limita a reclamaciones de carácter económico, como las deudas o los gastos de comunidades de propietarios, no pudiendo extenderse a otro tipo de deberes. Tampoco sirve para aquellos supuestos en los que desde el inicio sea necesaria una declaración del Juez/a o que consistan en asuntos de familia.

La Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), prevé la posibilidad de reclamar a través del Procedimiento Monitorio Social, sin necesidad de abogado/a y de procurador/a, deudas dinerarias vencidas, exigibles y de cuantía determinada que no excedan de 6.000 euros y siempre y cuando deriven de una relación laboral, frente al empresario que no se encuentre en situación de concurso, y se reúnan los requerimientos legalmente previstos y se disponga de los documentos acreditativos que exige este tipo de procedimiento.

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (LJV), prevé la posibilidad de poner fin a un conflicto entre particulares mediante una solicitud amistosa pactada entre las partes, sin necesidad de abogado/a ni de procurador/a, a través del Procedimiento de Solicitud de Conciliación, siempre que este procedimiento se utilice con la finalidad de llegar a un acuerdo para evitar un pleito. La utilización de este expediente para finalidades distintas y que suponga un manifiesto abuso de derecho o entrañe fraude de ley o procesal tendrá como consecuencia la inadmisión de plano de la petición.

Mediante el juicio verbal, regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), se tramitan las reclamaciones de cantidad cuya cuantía no exceda de 15.000 euros, así como otros procedimientos que, por su naturaleza y objeto, la ley atribuye a este trámite, como son los supuestos de desahucio, la solicitud de alimentos o la tutela sumaria de la posesión.

En los juicios verbales cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía y ésta no exceda de 2.000 euros, no será necesaria la intervención de abogado ni procurador, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 LEC.

No obstante, será preceptiva la intervención de abogado y procurador, cualquiera que sea su cuantía, en los procedimientos determinados por razón de la materia previstos en el artículo 250.1 LEC, como, por ejemplo, los derivados del impago de rentas y/o cantidades debidas por el arrendamiento de fincas rústicas o urbanas, que deberán tramitarse obligatoriamente con representación y defensa técnica, aunque la cuantía no exceda de 2.000 euros.

En el procedimiento especial para microempresas, los acreedores pueden presentar la solicitud de concurso de acreedores en los casos legalmente previstos, mientras que la solicitud de preconcurso corresponde exclusivamente al deudor. Este procedimiento, introducido por la Ley 16/2022, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, tiene como finalidad simplificar los trámites y reducir los costes para las microempresas.

El acreedor, una vez haya cumplimentado y enviado el formulario iniciador correspondiente a través del Servicio electrónico de Microempresas, deberá descargar el formulario PDF generado y remitirlo mediante la Sede Judicial Electrónica de Andalucía a la Oficina de Registro y Reparto Civil que corresponda.

Procedimiento no contencioso en el que un Juez/a valida, autoriza o declara actos o situaciones jurídicas sin que exista un conflicto entre las partes, busca la intervención judicial para la protección de derechos e intereses.

Los expedientes de Jurisdicción Voluntaria para la tutela de derechos e intereses en materia civil y mercantil se regulan en la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (LJV). Estos procedimientos se caracterizan por su naturaleza no contenciosa, es decir, no implican disputas o conflictos entre las partes, sino la necesidad de la intervención judicial para la validación o formalización de actos y derechos en situaciones específicas. 

En esta Sede Judicial Electrónica puede presentar el formulario general o alguno de los formularios específicos para materia de personas (tutela, curatela, emancipación, declaración de ausencia/fallecimiento), familia (adopción, reconocimiento de hijos, medidas de apoyo, patria potestad) o sucesiones.

La demanda ejecutiva es el escrito procesal mediante el cual se insta el inicio del procedimiento de ejecución, con el fin de obtener el cumplimiento forzoso de lo dispuesto en una resolución judicial firme —sentencia, auto o decreto— que condene al pago de una cantidad de dinero, a la realización de una prestación o a la entrega de un bien, entre otros supuestos, conforme a lo previsto en el artículo 549 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

De acuerdo con el artículo 539.1 LEC, el escrito de Ejecución  Judicial podrá presentarse a través de la Sede Judicial Electrónica en aquellos procedimientos en los que no sea preceptiva la intervención de abogado y procurador, como ocurre, entre otros, en el proceso monitorio civil, el monitorio de comunidades de propietarios, determinados juicios verbales y los procedimientos de jurisdicción voluntaria, siempre que, por razón de la cuantía o de la materia, no sea obligatoria la representación y defensa técnica.

El escrito de Personación en procedimiento es un escrito de trámite presentado por un tercero acreditando interés legítimo y directo, solicitando ser parte del procedimiento judicial ya existente, en calidad de interesado.

El escrito de Personación en Procedimiento se remite al Juzgado que está tramitando el procedimiento. Por ello, debe conocer los datos del procedimiento al que irá dirigido el escrito (órgano judicial, tipo y número de procedimiento). No es un escrito iniciador (demanda). El órgano judicial aceptará o rechazará la personación en atención a si está acreditado el interés legítimo y directo.

Se debe diferenciar del escrito de Contestación a la demanda del Juicio Verbal, que presenta el demandado, en el plazo de diez días tras la comunicación de admisión de la demanda de Juicio Verbal.

Información general: actualizar documentación y más.

El escrito de Comunicación de Cambio de Domicilio es un escrito de trámite presentado por las partes para dar cumplimiento al requisito procesal establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme al cual, cuando las partes cambien de domicilio durante la sustanciación del proceso, deberán comunicarlo de forma inmediata a la oficina judicial, así como los cambios relativos al número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico u otros medios similares, siempre que estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con dicha oficina (art. 155.3 LEC).

Este escrito se dirige al juzgado que esté conociendo del procedimiento, siendo necesario indicar los datos identificativos del mismo (órgano judicial, tipo y número de procedimiento). No se trata de un escrito iniciador (demanda). En caso de que el cambio de domicilio afecte a varios procedimientos, deberá presentarse un escrito independiente en cada uno de los juzgados correspondientes, haciendo constar los procedimientos a los que resulta aplicable la modificación comunicada.
 

Los escritos de trámite son aquellos que se presentan ante un órgano judicial por una persona física o jurídica en el marco de un procedimiento judicial ya iniciado. A través de ellos, se pueden realizar solicitudes o comunicaciones dirigidas al órgano judicial. No es un escrito iniciador (demanda).

Para su correcta presentación, es necesario conocer los datos identificativos del procedimiento al que se dirige el escrito, tales como el órgano judicial, el tipo y número de procedimiento.

Asimismo, deberá especificarse el "Tipo Documental" de los documentos adjuntos, a fin de categorizar adecuadamente el escrito, como, por ejemplo: “Escrito de aclaración”, “Escrito de oposición”, “Documentación acreditativa de la representación”, "Informe sin especificar", entre otros.

El escrito de trámite de Solicitud de Intervención Judicial por Videoconferencia permite a la parte previamente citada a actos procesales —tales como juicios, vistas, audiencias, comparecencias o declaraciones, entre otros— solicitar al órgano judicial que la diligencia correspondiente se celebre mediante presencia telemática (videoconferencia).

Para su presentación, será necesario conocer los datos identificativos del procedimiento al que se dirige el escrito (órgano judicial, tipo y número de procedimiento), así como indicar el partido judicial correspondiente al domicilio desde el que se pretende intervenir por videoconferencia, exponiendo de forma motivada las razones que justifican la solicitud, y formulándola con la antelación suficiente para que el órgano judicial pueda tramitarla.

El escrito de trámite Dictamen Pericial permite a los peritos realizar la presentación telemática de dictámenes periciales en el procedimiento judicial para el que aceptó el cargo (adjunte la documentación acreditativa del nombramiento del perito y el dictamen).

Debe conocer los datos del procedimiento al que irá dirigido el escrito (órgano judicial, tipo y número de procedimiento). No es un escrito iniciador (demanda).

El dictamen pericial deberá presentarse seleccionando el rol “Perito” dentro de la agrupación “Profesionales intervinientes”.