Preguntas frecuentes

Solo puede acceder a esta información el/la ciudadano/a que presentó la demanda que dio lugar al procedimiento y los profesionales que representan a cada una de las partes que participan en este, verificándose su identidad mediante la autenticación con el certificado electrónico correspondiente.

Para solicitar la descarga del contenido de un expediente judicial haga clic en el espacio "Área Personal" y después seleccione “Mis procedimientos judiciales” accediendo con su certificado personal.

En el espacio “Mis escritos” puedes consultar el estado de los escritos presentados a través de los trámites de la SJE. Debes acceder al Área Personal.

La Sede Judicial Electrónica de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos y profesionales a través de redes de telecomunicaciones desde la que podrán realizar los trámites que requieran identificación por parte del ciudadano o de la Administración. De esta forma, se cumple con los requisitos que establece la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

No. Las sedes electrónicas están reguladas por Ley, por lo que se les exigen determinados requisitos y responsabilidades que no se exigen para las oficinas virtuales. En virtud de esto, la Sede Electrónica tampoco es un portal web al uso puesto que, aunque también ofrece contenidos informativos y servicios, estos últimos siempre requieren de autenticación.

El certificado electrónico permite identificar electrónicamente de forma unívoca a una persona.

En estos momentos la Sede Judicial Electrónica de la Junta de Andalucía admite estos sistemas de firma electrónica.

El procedimiento habitual consiste en realizar la solicitud del certificado a través de la web de la autoridad de certificación correspondiente. Posteriormente, el/la solicitante debe acreditar su identidad en alguna de las oficinas habilitadas por la certificadora, donde obtendrá el código de solicitud que le permitirá abordar el último paso, la descarga del certificado vía Internet.

En estos enlaces se facilita la información necesaria para la obtención de los certificados electrónicos de uso más habitual por las personas físicas:

• DNI electrónico (DNIe)
• Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

El Código de Verificación Electrónica (CVE) sirve para comprobar la autenticidad de las copias en papel de los documentos firmados electrónicamente. Los documentos electrónicos firmados digitalmente por la Sede Judicial Electrónica de la Junta de Andalucía contienen un CVE impreso en el lateral de cada página, esto es, un código compuesto por una serie de números y letras que identifican, de forma unívoca, su contenido. Aparece, por ejemplo, en las disposiciones, actos o anuncios publicados por la Administración de Justicia.

La comunicación entre el/la ciudadano/a y esta Sede se produce en condiciones totalmente seguras y fiables. Para esto, entre otras acciones, se emplea un protocolo seguro de comunicaciones (https) con el que se logran conexiones más seguras en la red. La Sede, además, utiliza un Certificado de Sede que permite asegurar a la ciudadanía que el establecimiento de comunicaciones con esta se realiza a través de un canal seguro y sin intrusión de terceros.

Por otra parte, a la hora de realizar trámites o acceder a la información de un expediente, se debe disponer de un certificado electrónico. Es el medio más seguro para identificarse en las operaciones que se realizan a través de la red y que garantice en todo momento la identidad de la persona que está accediendo a la información, controlando así que únicamente se proporciona esta información a aquellos que cuentan con legítimo derecho de acceso a ella.

Así mismo, el tratamiento de los datos de carácter personal que se realice a través de este sitio está sujeto a las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal con las especificidades previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la legislación procesal para la Administración de Justicia.

La Sede Judicial Electrónica de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos y profesionales a través de redes de telecomunicaciones desde la que podrán realizar los trámites que requieran identificación por parte del ciudadano o de la administración. De esta forma se cumple con los requisitos que establece la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Puede solicitar certificados de nacimiento, matrimonio, defunción, nacionalidad, así como iniciar expedientes de matrimonio civil, rectificación registral o inscripción de nacimiento de hijos nacidos en el extranjero, entre otros.

Acceda a la Sede Judicial Electrónica y seleccione el trámite “Registro Civil”. Desde allí podrá solicitar certificados electrónicos indicando los datos personales y el tipo de certificado que necesita. El documento se emite con firma digital.

No. La mayoría de los certificados se expiden de forma completamente electrónica. Solo en casos específicos, como inscripciones con documentación extranjera o expedientes de nacionalidad, podrá requerirse una comparecencia personal.

Sí, a través del apartado “Mis expedientes” de su Área Personal en la Sede Judicial Electrónica, donde podrá ver el estado actualizado del trámite y cualquier requerimiento de documentación adicional.

Sí. Los certificados emitidos electrónicamente con firma digital y código seguro de verificación (CSV) tienen plena validez jurídica, igual que los expedidos en papel con sello del Registro Civil.

Es un poder que una persona otorga a otra para que la represente en un procedimiento judicial. Se realiza ante el Letrado de la Administración de Justicia y es gratuito. Puede otorgarse presencialmente o a través del Registro Electrónico de Apoderamientos Judiciales (REAJ).

Desde esta sede puedes: 

• Consultar los apoderamientos en los que figuras como poderdante o apoderado.
• Utilizar un buscador para localizar apoderamientos específicos. 
• Descargar apoderamientos en los que participas.

No. Actualmente, esta sede no permite otorgar ni revocar apoderamientos.
Para realizar estas gestiones, puedes acceder al servicio REAJ del Ministerio de Justicia:

Acceder al REAJ

Asegúrate de que estás introduciendo correctamente los datos de búsqueda. Si el apoderamiento fue otorgado recientemente, puede tardar unas horas en estar disponible. Si persiste el problema, contacta con la oficina judicial correspondiente.

Sí. Para consultar tus apoderamientos es necesario acceder con certificado digital.

Con el objeto de garantizar el derecho de todas las personas al acceso de la justicia en condiciones de igualdad, la Constitución Española establece en su artículo 119 que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Este derecho se recoge en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, que es de aplicación general a todo tipo de procesos judiciales, incluidos los recursos de amparo constitucional, así como al asesoramiento previo al proceso.

Para solicitar el reconocimiento del Derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita deberá presentar la solicitud en modelo normalizado.

Dónde se puede presentar la solicitud:

• En los Servicios de Orientación Jurídica de los colegios de abogados donde se halle el juzgado o tribunal que vaya a conocer del asunto.
• Ante el juzgado del domicilio de la persona solicitante, si no se ha iniciado el proceso judicial.
• Ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, si la solicitud de asistencia jurídica gratuita se fundamenta en las circunstancias excepcionales del artículo 5 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

Personas físicas o jurídicas con insuficiencia de recursos económicos.

Solo si:

• Las personas nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea.
• Las personas extranjeras que se encuentren en España.
• Las personas extranjeras en los procedimientos de denegación de entrada en España, devolución o expulsión del territorio español, o en materia de asilo.

Podrá solicitar asistencia jurídica gratuita cualquier persona física mediante la presentación del modelo de solicitud normalizado. A dicha solicitud deberán acompañar documentación justificativa que acredite la insuficiencia de recursos económicos. 

Consulta más información en nuestro apartado Asistencia jurídica gratuita.

El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende las siguientes prestaciones:

• Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso, que se realiza en los Servicios de Orientación Jurídica de los colegios de abogados.
• Defensa y representación por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando sea preceptiva o a requerimiento judicial.
• Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales.
• Exención del pago de las tasas y depósitos judiciales.
• Asistencia pericial gratuita.
• Obtención gratuita o reducción del 80% de los derechos arancelarios en la obtención de documentación notarial o de los Registros de la Propiedad y Mercantil relacionada o requerida en el proceso.

Las víctimas de violencia de genero tendrán además derecho a:

• La libre elección de abogado o abogada.
• Solicitar una segunda opinión cuando no estén conformes con la estrategia planteada por el abogado o abogada designados de oficio.

Sí, la asistencia judicial gratuita (abogado y procurador de oficio) es totalmente gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos económicos según la normativa española.

Podrá solicitar asistencia jurídica gratuita cualquier persona física mediante la presentación del modelo de solicitud normalizado. A dicha solicitud deberá acompañar documentación justificativa que acredite la insuficiencia de recursos económicos.

Se entiende por persona física:

• Las personas con ciudadanía española.
• Las personas nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea.
• Las personas extranjeras que se encuentren en España.
• Las personas trabajadoras y beneficiarias del Sistema de la Seguridad Social, en el orden jurisdiccional social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones relativas a la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales.
• Las personas trabajadoras y beneficiarias del Sistema de la Seguridad Social para los litigios que sobre esta materia se sustancien ante el orden contencioso-administrativo.
• Las personas extranjeras en los procedimientos de denegación de entrada en España, devolución o expulsión del territorio español, o en materia de asilo.

Podrá solicitar asistencia jurídica gratuita cualquier persona jurídica mediante la presentación del modelo de solicitud normalizado. A dicha solicitud deberán acompañar documentación justificativa que acredite la insuficiencia de recursos económicos.

Consulta las excepciones en nuestro apartado Asistencia jurídica gratuita.

La Sede Judicial Electrónica de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos y ciudadanas a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a cada una de las administraciones competentes en materia de Justicia. De esta forma se cumple con los requisitos que establece el Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

La Sede Judicial Electrónica de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos y profesionales a través de redes de telecomunicaciones desde la que podrán realizar los trámites que requieran identificación por parte del ciudadano o de la Administración. De esta forma se cumple con los requisitos que establece la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

La Sede Judicial Electrónica de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos y profesionales a través de redes de telecomunicaciones desde la que podrán realizar los trámites que requieran identificación por parte del ciudadano o de la administración. De esta forma se cumple con los requisitos que establece la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

La Sede Judicial Electrónica de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos y profesionales a través de redes de telecomunicaciones desde la que podrán realizar los trámites que requieran identificación por parte del ciudadano o de la administración. De esta forma se cumple con los requisitos que establece la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

La mediación judicial es un proceso de negociación en el cual las partes involucradas en un conflicto intentan resolverlo por sí mismas, con la ayuda de un tercero imparcial llamado mediador. Este mediador actúa sin facultad decisoria propia, como conductor de la sesión, ayudando a las personas que participan en la mediación judicial a encontrar una solución elaborada por ellas mismas y que sea satisfactoria para ambas. Si esto no ocurre, el conflicto puede ser acotado para pasar entonces a la vía judicial. Es decir, una vez que las partes han decidido iniciar el proceso y antes de su finalización, pueden desistir del mismo. En ese caso, si el conflicto persiste, la única vía para su solución es acudir a los Tribunales. Por tanto, una de las características de la mediación judicial es la posibilidad de abandonar el proceso en cualquier momento. Sin embargo, si este prospera, la solución al conflicto la acuerdan las propias partes, siendo el mediador quien les ayuda a encontrarla. La mediación judicial se diferencia de otros sistemas no judiciales para la resolución de conflictos, como el arbitraje.

Mediante el arbitraje se sustituye la tutela de los jueces ordinarios por la de los árbitros desde el momento en que estos últimos deciden aceptar el encargo del arbitraje y emitir el laudo. Una vez que las partes prestan su consentimiento expreso de someterse a un proceso de arbitraje, tienen la obligación de finalizarlo, no pudiendo desistir del mismo. Por tanto, las características del arbitraje, a diferencia de la mediación judicial, son la intervención de un tercero, el árbitro, encargado de emitir la decisión final llamada laudo arbitral, equivalente a todos los efectos a una sentencia firme y con carácter vinculante para las partes. El arbitraje impide que el litigio generado pueda plantearse ante el juez como consecuencia de la sumisión previa de las partes al arbitraje. Así, el juez de instancia al que se le presente una demanda sobre un conflicto sometido a arbitraje procederá a decretar su inadmisión a trámite, se abstendrá de dictar sentencia y remitirá a las partes al arbitraje pactado.

Las consecuencias de acudir a la mediación judicial y a otros métodos no judiciales de resolución de conflictos son claras: se descarga la pendencia de los juzgados y tribunales, incidiendo directamente en la rebaja de los fondos públicos que se destinan a la consecución de estos fines, al requerir estas fórmulas menos recursos personales y materiales.

La mediación laboral es un procedimiento voluntario donde un tercero neutral e imparcial (el mediador) ayuda a trabajadores y empleadores a facilitar la comunicación y encontrar una solución consensuada a sus conflictos laborales. A diferencia de un juicio, no impone decisiones, sino que guía a las partes para que ellas mismas lleguen a un acuerdo mutuamente aceptable, lo que puede agilizar la resolución y mejorar el ambiente de trabajo. La competencia en esta materia le compete a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Puede solicitar la intervención por videoconferencia cuando su presencia física en la sede judicial no sea posible o resulte especialmente gravosa, por razones de distancia, salud u otras circunstancias justificadas. La autorización corresponde al órgano judicial que tramite el procedimiento.

La solicitud debe presentarse a través de la Sede Judicial Electrónica, mediante el trámite “Solicitud de intervención judicial por videoconferencia”. Deberá indicar el número de procedimiento, órgano judicial y motivo de la petición.

Deberá disponer de un dispositivo con cámara, micrófono, altavoces y conexión estable a internet. Además, es necesario acceder al enlace que facilitará la Oficina Judicial con antelación, para comprobar la correcta conexión y funcionamiento del sistema.

El juez o tribunal responsable del procedimiento decide sobre la pertinencia de la videoconferencia. La Oficina Judicial coordina los aspectos técnicos y envía al participante el enlace y las instrucciones necesarias.

Sí. La intervención realizada por medios telemáticos tiene plena validez jurídica y produce los mismos efectos que la comparecencia presencial, siempre que se garantice la identidad de las partes y la integridad de la comunicación.

Sí, siempre que cuente con la autorización judicial y se utilicen medios que garanticen la seguridad y autenticidad de la comunicación. En estos casos, se recomienda realizar una prueba técnica previa coordinada con la Oficina Judicial.

Es un sistema electrónico que permite la gestión, venta y adjudicación de bienes embargados o procedentes de procesos judiciales, facilitando la transparencia, publicidad y participación de los interesados en los procedimientos de liquidación.

Pueden acceder tanto los órganos judiciales como las partes implicadas en el procedimiento y los licitadores interesados en la adquisición de bienes subastados, mediante identificación electrónica a través de la Sede Judicial.

Debe registrarse en la Plataforma de Liquidación de Bienes con su certificado digital y consultar los bienes disponibles. Desde la propia plataforma podrá presentar ofertas, realizar depósitos y seguir el estado del procedimiento.

Cada procedimiento cuenta con un expediente electrónico que incluye el auto judicial, las condiciones de venta, valor de tasación, cargas existentes y el calendario del proceso. Toda la información se publica en la propia plataforma.

Sí. La tramitación se realiza íntegramente de forma telemática a través de la Sede Judicial Electrónica y la Plataforma de Liquidación de Bienes, garantizando la trazabilidad y seguridad jurídica de todas las actuaciones.

Es un servicio que permite autenticar documentos públicos emitidos en España para su validez en el extranjero, mediante una apostilla electrónica conforme al Convenio de La Haya de 1961, garantizando su autenticidad y origen.

Pueden apostillarse documentos judiciales, administrativos o notariales, siempre que hayan sido emitidos por una autoridad competente y se presenten en formato electrónico con firma digital válida.

Debe acceder al módulo de Apostilla electrónica del Portal Adriano. Allí podrá subir el documento, firmarlo digitalmente y recibir la apostilla en formato PDF firmado y con código seguro de verificación.

La validez y autenticidad pueden verificarse en la propia Sede Judicial Electrónica mediante el código seguro de verificación (CSV) que figura en la apostilla, sin necesidad de acudir a ningún organismo adicional.

Sí. La apostilla electrónica tiene la misma validez legal que la emitida en formato papel y se reconoce oficialmente en todos los países firmantes del Convenio de La Haya.

Son procedimientos mediante los cuales se venden bienes embargados o adjudicados judicialmente para satisfacer deudas u obligaciones reconocidas en un proceso. Se desarrollan electrónicamente para garantizar transparencia y concurrencia.

Puede acceder a través de la Sede Judicial Electrónica, en el apartado “Subastas Judiciales”, donde encontrará los bienes disponibles, sus condiciones de venta y la fecha límite para presentar ofertas.

Debe identificarse con su certificado digital y realizar el depósito exigido para participar. Después, podrá presentar su puja directamente en la plataforma electrónica durante el plazo habilitado.

El órgano judicial le notificará la adjudicación y le indicará el plazo y forma para efectuar el pago del precio final. Una vez completado, se dictará el decreto de adjudicación y se procederá a la entrega del bien.

No. Las pujas electrónicas son firmes y vinculantes. En caso de incumplimiento, el depósito efectuado podrá ser retenido en favor del proceso, conforme a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Sí. La plataforma utiliza sistemas de identificación y firma electrónica que garantizan la seguridad, confidencialidad e integridad de las ofertas y de toda la información asociada al proceso.

Puede presentar la denuncia ante cualquier juzgado o comisaría. En caso de emergencia, llame al 016 o al 112.

No. La víctima puede presentar la denuncia directamente. No obstante, si lo desea, puede contar con asistencia letrada gratuita y especializada desde el primer momento, conforme a la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral.

Sí, si se identifica en la Sede Judicial Electrónica con su certificado digital, podrá acceder a su Área Personal y consultar las notificaciones y resoluciones emitidas en su procedimiento.

Puede acceder a servicios de atención psicológica, asesoramiento jurídico y ayudas económicas específicas para víctimas de violencia de género, disponibles a través del Instituto Andaluz de la Mujer y otras entidades públicas.

El Tablón Edictal Judicial Único (TEJU) es un portal oficial gestionado por el BOE donde se publican notificaciones administrativas y edictos judiciales dirigidos a personas o entidades cuando no se puede garantizar su entrega directa. Está disponible para ciudadanos, empresas y administraciones públicas.

Las administraciones públicas pueden: 

• Acceder y gestionar sus notificaciones. 
• Buscar y suscribirse a avisos. 
• Consultar información y preguntas frecuentes. 
• Recibir asistencia específica.

Es el sistema habilitado para recibir notificaciones electrónicas con carácter obligatorio para las personas jurídicas y voluntario para otras. Requiere identificación mediante certificado electrónico o sistema Cl@ve .

• Alta: Automática para obligados o voluntaria mediante certificado/cl@ve. Se facilita correo electrónico y SMS. 
• Baja: A través del Delegado de Protección de Datos de la Consejería de Justicia. Si eres interesado en un procedimiento, podrías ser dado de alta de oficio.

Se envía un aviso (correo/SMS) cuando hay una notificación disponible. Este aviso no es la notificación en sí.
Si no accedes en 10 días naturales, la notificación se entiende practicada y puede caducar.

• Telemáticamente: mediante la Sede Electrónica de la Junta o la Carpeta Ciudadana, usando certificado o sistema Cl@ve.
• Presencialmente: a través de Oficinas de Asistencia en Materia de Registro, con cita previa y autorización a funcionario.

Los posibles estados de una notificación dentro del Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Junta pueden ser:

• No leídas: aún no consultadas.
• Leídas: ya accedidas.
• Rechazadas: rechazadas expresamente o no accedidas en 10 días.
• Caducadas: si pasado el plazo sin acceso y eres persona física.

Contiene identificación del acto, persona destinataria, fecha y hora de puesta a disposición, y de acceso o rechazo.

Debes actualizar tus datos en "Mi perfil"; la Administración no se hace responsable si no están actualizados u operativos.

• Servicio de atención 012 o 955 012 012.
• Formulario de incidencias.
• Preguntas frecuentes y manuales en la Sede Electrónica.

Puedes consultar el TEJU en la sede electrónica del Boletín Oficial del Estado. Acceder al TEJU

Sí, el TEJU se actualiza diariamente, los 365 días del año, incluso fines de semana y festivos.

El TEJU se publica exclusivamente en castellano, conforme a la legislación estatal aplicable.

Sí. El BOE ofrece un servicio de alertas electrónicas que permite recibir avisos por correo cuando se publique un edicto que cumpla con los criterios predefinidos.

Solo tienes que registrarte con tu correo electrónico y configurar tus preferencias de búsqueda. El servicio es completamente gratuito. Suscribirse a alertas.

Sí. Tanto personas físicas como jurídicas pueden utilizar el servicio de alertas sin coste alguno.

Los avisos llegan por correo electrónico a la dirección proporcionada. Se reciben el mismo día en que se publica el edicto coincidente.

Sí. El servicio de alertas depende de los criterios de búsqueda que configures. Si un edicto no coincide con esos filtros, no se notificará. Por ello, se recomienda revisar periódicamente el tablón completo.

Sí. En cualquier momento puedes darte de baja a través del enlace incluido en los propios correos de aviso.

Los edictos permanecen accesibles en la web del BOE durante 5 años desde la fecha de publicación.

El CVE (Código de Verificación Electrónica) es un identificador único que permite verificar la autenticidad de cualquier documento publicado en el BOE. Cada edicto dispone de su propio CVE.

Son cuentas abiertas en entidades bancarias designadas por el Ministerio de Justicia, en las que se ingresan los importes que deben quedar a disposición de los órganos judiciales. Estas cantidades pueden provenir de depósitos, fianzas, consignaciones u otras sumas ordenadas en el marco de un procedimiento judicial.

Los depósitos judiciales son cantidades de dinero entregadas al órgano judicial con el fin de garantizar el cumplimiento de una obligación procesal o el resultado de un procedimiento. Por ejemplo, pueden constituirse como caución para interponer determinados recursos, o como garantía ante medidas cautelares.

Las consignaciones judiciales son ingresos voluntarios que una parte realiza en el juzgado para extinguir una obligación o asegurar el cumplimiento de una deuda, en los términos previstos por la legislación procesal o civil. Su objetivo principal es poner a disposición del órgano judicial una cantidad para que sea entregada a quien corresponda.

Pueden realizar depósitos judiciales tanto las partes implicadas en un procedimiento como cualquier persona física o jurídica que deba cumplir una obligación procesal, económica o legal ante un órgano judicial. En algunos casos, también pueden hacerlo terceros que asuman voluntariamente el pago o la garantía.

Para realizar un depósito judicial debe utilizarse el sistema habilitado por el Ministerio de Justicia a través de la entidad colaboradora (actualmente, el Banco Santander). Es necesario contar con los datos del procedimiento judicial (número de autos, órgano judicial, tipo de ingreso, etc.) y utilizar los códigos específicos que identifican el tipo de ingreso. El depósito puede realizarse por varios medios: presencialmente, por transferencia bancaria o a través de la pasarela de pagos telemática.

• Ingreso presencial en efectivo o con tarjeta: Puede realizarse en cualquier oficina del Banco Santander, presentando el modelo de ingreso judicial con los datos del procedimiento.
• Ingreso mediante tarjeta: Se puede efectuar a través del portal de pagos del Ministerio de Justicia (https://pagos.justicia.es) siguiendo las instrucciones del sistema.
• Ingreso por transferencia bancaria: Es posible realizarlo utilizando el número de cuenta específico del órgano judicial, incluyendo en el concepto el número de procedimiento, el juzgado y el tipo de ingreso. Se recomienda conservar el justificante bancario.

Sí, un tercero distinto al obligado puede realizar el ingreso, siempre que se identifique correctamente el procedimiento judicial y el concepto del ingreso. Es habitual, por ejemplo, que un avalista, una aseguradora o un familiar realicen el pago en nombre del obligado.

Para recibir un importe depositado en estas cuentas, debe haberse dictado una resolución judicial que ordene el pago a su favor. El órgano judicial expedirá un mandamiento de pago que podrá ser presentado en la entidad bancaria correspondiente para su cobro, dentro del plazo de validez indicado en el propio mandamiento.

Los mandamientos de pago tienen una caducidad de tres meses desde la fecha de su expedición. Si no se presenta en el banco durante ese plazo, será necesario solicitar un nuevo mandamiento al órgano judicial.

El horario habitual para realizar operaciones presenciales en entidades colaboradoras (como el Banco Santander) es el de atención al público de dichas oficinas, generalmente de lunes a viernes en horario de mañana. No obstante, los pagos telemáticos a través del portal de pagos del Ministerio de Justicia están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.